Libertad y propiedad: en la mediocridad Lic. Arturo Damm Arnal Qué respuesta damos, los mexicanos, a la pregunta ¿cómo andamos, en el ámbito de la economía, en materia de libertad y propiedad? ¿Qué tanta libertad tenemos, los mexicanos, como agentes económicos? Y nuestra propiedad, ¿está plenamente reconocida y jurídicamente garantizada? ¿Qué respondemos, los mexicanos, a estas preguntas? Independientemente de nuestras respuestas están los resultados de dos estudios, uno del Fraser Institute, y el otro de la Property Rights Alliance, que califican, precisamente, cómo andamos en México en materia de libertad y propiedad. El Fraser Institute, con sede en Canadá, ha publicado el Índice de Libertad Económica, correspondiente al 2006, y las noticias para México no son buenas: en escala del 1 al 10 la calificación de México es 6.6, ocupando el lugar 60 entre 150 naciones. En una palabra: mediocridad. La Property Rights Alliance, con sede en Washington, acaba de publicar el Indice Internacional de Derechos de Propiedad, correspondiente al 2007, y las noticias para nuestro país, nuevamente, son malas: en la misma escala del 1 al 10, la calificación de México es 4.5, ocupando, entre 70 naciones, el lugar 42. La palabra que resume estos resultados es la misma: mediocridad. Quien no le haya dedicado tiempo al análisis de estos temas, podrá opinar que los resultados de los dos estudios no son correctos, que en México no estamos tan mal en materia de libertad y propiedad, y que de entrada el Estado y sus leyes reconocen y garantizan ambos derechos: a la libertad individual (valga la redundancia) para emprender, trabajar, comerciar y consumir, y a la propiedad privada (valga de nueva cuenta la redundancia) sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción. Seguramente esto es lo que la mayoría de la gente opina, y uso este término opina, porque tal afirmación dista mucho de ser cierta, no pasando de ser eso: una opinión. Para que lo anterior no quede en la afirmación sin fundamento, pongo el siguiente caso: ¿el Estado y sus leyes, comenzando por la Constitución, reconoce y garantiza la libertad de cualquier mexicano para, si le diera la gana y tuviera con qué hacerlo, producir, conducir, transformar, distribuir y abastecer electricidad, para lo cual el Estado y sus leyes deben reconocer y garantizar la propiedad sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo? No, tal y como se afirma en el artículo 27 constitucional, en el cual se señala que “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer electricidad”, y que “en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares”. ¿Libertad individual para emprender? ¿Propiedad privada sobre los medios de producción? ¡Sí, cómo no! Y éste, el caso de la electricidad, no es la excepción que confirma la regla, de tal manera que podríamos afirmar que en todos los otros ámbitos de la actividad económica la libertad y la propiedad sí están plenamente reconocidas y jurídicamente garantizadas. No, no lo es. El problema no es solamente de respeto a los derechos de la persona, comenzando por la libertad y la propiedad. No, el problema es, además, de eficacia en materia económica, por una razón muy sencilla: la libertad individual y la propiedad privada son mucho más eficaces que la propiedad estatal y la planificación, también estatal, de la actividad económica de los particulares, algo que, para nuestra mala suerte, los encargados de reconocer y garantizar ambas, los legisladores, no tienen claro. Y mientras no lo tengan, y no actúen en consecuencia, seguiremos como hasta ahora: en la mediocridad o, si se prefiere, nadando de muertito.