La Procuraduría de Defensa del Contribuyente y la simplificación fiscal C.P. Alberto Montiel Castellanos, Socio de Montiel Font y Asociados, S.C. El pasado día 5 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (LOPDC), la cual entro en vigor al día siguiente de su publicación. Esta Ley tiene su origen en el artículo 18-B del Código Fiscal de la Federación y tiene por objeto, el garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal federal, mediante asesoría, representación, defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente (PRODECO), es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, funcional y de gestión. De acuerdo con su articulado, la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente, será realizada por el Senado de la República o, en su caso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República. No obstante lo anterior el Poder Ejecutivo presentó una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9 y 12 de la LOPDC, intentando con esto modificar y lograr que la designación del Procurador sea por parte del Presidente de la República y el Senado solamente ratifique su nombramiento; y por el segundo de los artículos mencionados, que se refiere a la integración del Órgano de Gobierno de la Procuraduría, para que los consejeros independientes sean designados a propuesta del Poder Ejecutivo y la aprobación sea del Senado. Con la creación de esta nueva Ley, saltan a la luz cuando menos dos cuestionamientos: ¿eran tal los abusos de la autoridad, que el legislador se vio en la imperiosa necesidad de promover su creación para defender a los contribuyentes?. ¿Con la creación de la nueva Procuraduría realmente se logrará proteger a los contribuyentes de los abusos de las autoridades? Respecto a la primer pregunta se puede decir que en efecto, si existían algunos casos en donde algunas autoridades abusaban de sus facultades, afectando en forma negativa a los contribuyentes, sobre esa base la PRODECO, definitivamente debe ser vista como algo realmente positivo. Respecto a la segunda pregunta en tanto las disposiciones fiscales sigan siendo tan cambiantes, complicadas, confusas y las obligaciones, los tramites y requerimientos de información, sigan siendo tantos y tan engorrosos, mientras se siga legislando a base de excepción y el sistema atienda más a la forma que al fondo, difícilmente la mencionada Procuraduria podrá garantizar, la seguridad jurídica y la justicia tributaria de los contribuyentes. Lo más lógico desde mi punto de vista antes de la creación de la PRODECO debería haber sido lograr la simplificación de todo el sistema fiscal, darle permanencia a las disposiciones, darle seguridad jurídica a los contribuyentes y entonces y solo entonces la PRODECO podría realmente realizar una labor efectiva. La pregunta que surge es ¿cómo podrá ser eficiente esta nueva Procuraduría, cuando las diversas leyes fiscales han sido creadas y una y otra vez modificadas para dar las mayores facilidades a las autoridades Hacendarias en detrimento de la seguridad jurídica de los contribuyentes?, qué acaso seremos tan ingenuos en pensar que la PRODECO, con la intención de ayudar al contribuyente puede válidamente ir en contra de las propias disposiciones legales. No nos equivoquemos, de muy poco serviría la PRODECO con mucho presupuesto y con personal técnicamente capacitado, si finalmente como ya se dijo todo el sistema fiscal sigue siendo, complejo, formalista, cambiante y no otorga una auténtica seguridad jurídica a los contribuyentes. Que yo sepa, ningún partido político, ni ningún diputado o senador se opone a que se de una simplificación de todo el sistema tributario que permita a los contribuyentes poder cumplir con sus obligaciones en una forma mas económica y expedita, lo cual finalmente también redundaría en una simplificación del aparato gubernamental encargado de administrar y fiscalizar los impuestos. Con la simplificación de todo el sistema fiscal, además de dar seguridad jurídica a los contribuyentes, sin duda se lograría eliminar el principal pretexto que esgrimen muchos de los que hoy evaden el pago de los impuestos. Para lograr esta simplificación fiscal, desde luego que habría que modificar las leyes, pero para que dicha simplificación realmente se logre, primeramente habría que romper con la inercia y la filosofía que en el tiempo han mantenido los funcionarios Hacendarios que siempre han visto en cada contribuyente un evasor en potencia. Todo proceso de simplificación implica riesgos, puesto que para lograrlo se tendrían que eliminar controles y obligaciones que hoy se le imponen a los contribuyentes, sin embargo cuando esto se hace en forma razonable, los riesgos se reducen y quizá se puedan dar en el corto plazo algunos efectos negativos en la recaudación, pero en el mediano y largo plazo al darse una verdadera simplificación y por tanto una mayor seguridad jurídica, seguramente se lograría incorporar a contribuyentes que hoy se encuentran en la economía informal lográndose con esto un incremento en la recaudación. Se ha mencionado que en los primeros meses del próximo año 2007, nuevamente se pondrá en la mesa el análisis de una reforma fiscal integral, lo cual parece totalmente correcto. En esta nueva ocasión aunque se pretende que el grupo de trabajo sea reducido, se menciona que se busca establecer una mesa de trabajo, la cual estará constituida por Diputados y Senadores, funcionarios de la SHCP, representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, del Banco de México y representantes del sector privado y académico. Como nunca el tiempo es un factor sumamente importante para que se llegue al consenso y a la aprobación de la tan esperada reforma fiscal integral ya que el crecimiento económico de nuestro país no puede ni debe retrasarse más. En esta ocasión y con base en sus atribuciones, la PRODECO debe participar en las propuestas de reforma fiscal, proponiendo las medidas que sean necesarias para dar a los contribuyentes la tan esperada seguridad jurídica, lograr se de una claridad y simplificación de todas las disposiciones fiscales federales y conseguir que cualquier modificación a la legislación sea pensada, meditada y finalmente consensuada antes de ser aprobada por el legislador.